La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser

“Pedimos al Gobierno y a la Justicia Federal que no decreten nuestro desalojo. Si lo hacen, ordenen nuestra extinción total y envíen varios tractores para cavar un gran agujero para enterrar nuestros cadáveres”, escribieron de su puño y letra 170 indígenas de la etnia Guaraní Kaiowa, la segunda de Brasil en cantidad de personas (45 mil), para denunciar como estaban por ser echados de sus tierras ancestrales en las orillas del río Hovy del municipio Iguatemi de Mato Grosso Do Sul, uno de los cinco departamentos del país que concentran 19 de los 22 millones de hectáreas con soja en el país.

Luego, la carta de este pueblo originario paso de mano en mano, hasta que el ministro de Justicia de Brasil, José Cardozo, decidió frenar la orden de desalojo mientras se demarcan sus territorios, como exige la constitución federal sancionada en 1988, la cual ha sido aplicada en estos casos, sólo ocho veces.

Como antecedente sobre lo que podía suceder, el ministro tenía a mano el número de suicidios de la comunidad (estimado en 555 desde 2003 hasta 2010) desde que comenzaron a ser desplazados masivamente por el cultivo de caña de azúcar y soja, según el estudio “En Tierras Ajenas-la producción de soja y caña en áreas guaraníes de Mato Grosso Do Sul”.

La periodista e investigadora Verena Glass, una de las responsables del estudio, afirma: “Cuando aumenta el precio de una ‘commodity’ (producto básico) en el mercado internacional es más ventajoso plantar soja o caña de azúcar y la tierra se encarece. Con más demanda de tierras, el hacendado se arma contra los indígenas y tenemos picos de conflicto como el año pasado”.[1]

En Mato Grosso Do Sul se da una situación de lo que pasa en otras partes de Sudamérica. Según declaraciones de Mauricio Santoro, asesor de derechos humanos de la organización Amnistía Internacional en Brasil, los grandes propietarios se aprovechan de que las áreas de los Guaraní Kaiowa no están delimitadas, como sostiene la constitución federal de 1988, y éstos las toman para no perderlas, lo que motiva conflictos con los terratenientes.[2]

En Paraguay, donde en el último tiempo las noticias sobre desalojos de comunidades se han intensificado, Magui Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales, sostiene que existen “más de 8 millones de hectáreas otorgadas de manera irregular e incluso algunos sojeros brasileros se instalaron en áreas del Estado que nunca le fueron otorgadas”, situación que agrava más la disputa por tierras.

Realidad que también se reproduce en Santiago del Estero, provincia argentina donde el cultivo de soja extiende la frontera agrícola como indica el plan agroalimentario presentado por el gobierno. “La falta de catastros regularizados abre la posibilidad de que los empresarios se aprovechen de esto para comprar tierras con comunidades adentro, quienes viven ancestralmente en estos territorios pero no poseen títulos de propiedad”, resalta Carlos Olariz, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina.

“Después cuando quieren instalar una casa o poner un alambrado se producen choques con las comunidades porque los empresarios no vienen solos, sino que con hombres armados que los intentan amedrentar”, enfatiza Olariz, miembro de una organización que en el último año sufrió la muerte de dos militantes a manos de estos matones, sin que las autoridades de la provincia tomaran cartas en el asunto.

En Uruguay, Pablo Galeano de la ONG Redes, indica que, además, de este desplazamiento, lo que predomina es el económico, debido al aumento del precio de la tierra, el arrendamiento, y la utilización de tecnología de punta.

En toda la región ha aumentado mucho el precio del suelo, las familias con campos chicos, al final terminan arrendando sus tierras para tener un sustento de vida, debido a que no pueden competir. Esto hace que se vayan a zonas más complicadas para cultivar o directamente dejen de producir para brindar servicios a los grandes propietarios o pools de siembra, grupos fiduciarios que alquilan campos para cosechar soja”, sintetiza.

Según el libro “Señores de la Soja”, editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), este proceso tiene origen en los sesenta a partir de la “revolución verde”, cuando el especialista en genética Norman Borlaug, uno de sus promotores, proponía el desarrollo al máximo “de la producción agrícola en los países del Tercer Mundo para erradicar el hambre”.

“Básicamente se promovió la utilización de semillas híbridas y agroquímicos, y la mecanización de la actividad agrícola, lo que modificó el rol de los agricultores y permitió la entrada de la industria química, dentro de lo que se denominó paquete tecnológico”, resalta el libro.

Por su lado, Guillermo Gallo Mendoza, presidente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, dedicada a desarrollo sustentable, remarca que este paquete comenzó a ser constituido por la siembra directa: “Se utiliza maquinarias de alta potencia para preparar el suelo, sembrar y distribuir fertilizantes de una sola vez, proceso que economiza mano de obra y concentra tierras debido a la cantidad de dinero que se necesita para acceder a este sistema”.

El ex asesor de la reforma agraria en Nicaragua y Perú, enfatiza que esto llevó a que hoy en día en Argentina se empleen menos personas con el cultivo de 37 millones de hectáreas, que cuando se usaban 20 millones. “Antes habían cuatro millones de personas que trabajaban en el campo, hoy ese número es de 780 mil. Además, en 1952 había 500 mil unidades de producción agropecuaria y hoy estamos en las 220 mil, lo que significa la eliminación de 300 mil productores y que la población en el sector rural sea de solo el 9% total” culmina.

Según el informe “Producción de soja en las Américas” del Centro para la Bioseguridad de Noruega,  el grueso de las cosechas de soja “son llevadas a cabo por productores que manejan extensiones mayores a 500 hectáreas, lo que comprueba que la mayoría del volumen de la oleaginosa proviene de sistemas agrícolas altamente industrializados, mutación que margina a los pequeños agricultores y concentra tierras”

Sobre esto, el estudio afirma que en Paraguay durante 2005, el 4% de los productores manejaron el 60% de la superficie de este cultivo, mientras que en Brasil en 2006, el 5% controló el 59%, en Bolivia en 2010, el 2% tuvo a su cargo el 52%, en el mismo año, el 2,6% de los productores argentinos el 50%, y en Uruguay, en ese periodo, el 12% se quedó con el 60% de las áreas destinadas al poroto.

Ante esto, la única opción de los Guaraní Kaiowa es resistir con lo que puedan para no ser parte de esas miles de familias que levantan tierra tras su paso hacia las ciudades, donde serán recibidos en las periferias y los peores trabajos, como errantes sin rumbo que deambulan con la cabeza baja, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.

Investigación análisis365

 


[1]  y  [2]  http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101879

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