Debate y realidades contradictorias

Un suboficial de la policía viola a su hijastra de quince años, está queda embarazada y carga con “la mochila” hasta que su madre se presenta a la justicia para pedir que le permitan abortar, pero los jueces en dos instancias deciden en contra de la niña. Mientras, los medios discuten sobre lo correcto, incorrecto, tachable e inobjetable, marcando una franja de moralidad hasta que el caso de la chica llega a la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados le permiten abortar y sientan jurisprudencia para que cualquier otra mujer con el mismo problema, lo pueda resolverse sin que tenga que pedir permiso a la justicia ni ser sancionada previamente.

Casos como este colocan nuevamente en el debate público la despenalización del aborto, no solo en Argentina sino que en toda América Latina, dividendo las opiniones en un momento en que la región vuelve a preguntarse sobre el tema, después que Uruguay aprobase una ley que permite la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación.

Así se visibiliza una situación que para la Organización Mundial de la Salud convierte a la región en líder en abortos, con 32 de cada 1000 mujeres (dos más que el promedio mundial), y tiene a su práctica clandestina e insegura como segunda causa de mortalidad materna.

A pesar de esta realidad, en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Chile el aborto está completamente prohibido, mientras en Perú, Paraguay, Costa Rica, Venezuela y Ecuador solo se permite en caso de que la vida e integridad de la mujer esté en peligro.

En Argentina, Bolivia, Panamá y Guatemala se permite el aborto previa consulta judicial si la embarazada puede morir o fue violada. En Colombia se le suma a esto, la posibilidad de que el feto presente malformaciones, y en Brasil si éste no tiene cerebro.

Los únicos lugares donde no está prohibido son Guyana, Cuba, Uruguay, y México DF. En el primero se puede practicar durante las primeras ocho semanas de embarazo, en el segundo hasta las diez y en los últimos dos hasta las doce. Sin embargo, hay países que se quieren sumar a esta lista y otros donde los presidentes y movimientos “progresistas” se oponen a ablandar la legislación vigente.

El debate país por país

El sitio latinoamericano donde se está más cerca de aprobar una despenalización es en Argentina, donde varios proyectos de ley esperan un dictamen favorable en las comisiones parlamentarias que les competen, para pasar a ser tratados en la cámara de Diputados y luego por los senadores. Estos textos tienen el apoyo de organizaciones feministas, sociales, dirigentes de izquierda y centroizquierda, contando además con el respaldo de parte de los parlamentarios del kirchnerismo, aunque en reiteradas veces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que está en contra de la medida.

Otro país donde el tema está en debate es en Colombia después de que la Corte Constitucional estableciera la posibilidad de abortar en las situaciones donde la vida de la madre corra peligro, exista una malformación en el feto o el embarazo sea producto de una violación. El procurador general colombiano, Alejandro Ordoñez, intentó desacatar este fallo pero tuvo que “rectificar” después de un llamado de atención.

Mientras que el congreso colombiano debate en comisión un proyecto que legisla en base al fallo de la Corte, otras iniciativas conservadoras intentan prohibirlo mediante una reforma constitucional que establezca que la vida “es inviolable desde el momento de la concepción”.

En Brasil el gobierno recientemente reglamentó un fallo del Supremo Tribunal Federal, que permite abortar si el feto sufre de anencealía (ausencia de parte del cerebro). Fuera de esto, no existen iniciativas fuertes que hagan pensar un avance más allá de esta posibilidad y la presidenta del país, Dilma Rousseff, ya se pronunció en contra durante la última campaña presidencial.

En Chile este año los legisladores de la concertación y el partido comunista, intentaron sancionar una ley para reestablecer la normativa abolida durante la dictadura de Augusto Pinochet, que permitía el aborto en caso de fetos inviables, violación o que la vida de la madre corriese peligro, pero los tres proyectos presentados fueron rechazados por la mayoría que ostenta la coalición de gobierno del actual primer mandatario Sebastian Piñera.

Mientras que en Ecuador, una parte de los diputados del oficialista Alianza País también intentaron que se considerara en el nuevo código de Procedimiento Penal la posibilidad de abortar si la mujer fue violada, pero el presidente Rafael Correa anunció que vetaría cualquier tipo de legislación que “fuera más allá de lo que ya existe”.

En Paraguay, el gobierno de Fernando Lugo había anunciado en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaría dispuesto “a realizar un debate abierto sobre el tema para analizarlo en profundidad”. Sin embargo, no se espera que la actual gestión del presidente golpista Federico Franco acceda a esto.

En tanto que en Perú, Guatemala, Venezuela, Panamá, Bolivia y Honduras (donde el presidente Porfirio Lobo se pronunció en contra recientemente) está en la agenda pública por las campañas realizadas por las organizaciones feministas, políticas y sociales que apoyan el aborto, pero no existen proyectos de ley, ni iniciativas gubernamentales que puedan inclinar la balanza en los parlamentos. Mientras que en Costa Rica, la segunda fuerza política en las últimas presidenciales, Partido Acción Ciudadana, sostuvo el año pasado que buscará aprobar una normativa sobre el tema.

En El Salvador, la viceministra de la Mujer, Violeta Menjívar, promovió que el país respaldara al Consenso de Brasilia, acuerdo que obliga a actualizar la legislación en la materia, pero rápidamente el presidente Mauricio Funes, elegido por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), la desautorizó y afirmó que la propuesta de modificar la restricción sancionada en 1997 no estaba en agenda.

En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su máximo dirigente, el presidente Daniel Ortega, respaldaron la prohibición sancionada durante 2006 y se oponen a cualquier intento de ablandar las restricciones en el marco de su alianza con la Iglesia católica y los evangelistas que sustenta el leit motiv “revolución cristiana, solidaria y socialista” del gobierno.

Por último, en México se presenta una situación paradójica, ya que el Distrito Federal despenalizó el aborto hace cinco años durante la gestión del dirigente de centroizquierda, Marcelo Elbrard (Partido de la Revolución Democrática), pero la medida generó una contraofensiva conservadora que llevó a que 17 de los 31 estados mexicanos lo restringieran radicalmente.

La realidad sigue siendo que la gran mayoría de las afectadas son de clases bajas, no tienen acceso ni a un aborto seguro ni a la posibilidad de pagarse un abogado que se presente ante la justicia para reclamarle al Estado que garantice su vida y no la meta presa, como le sucedió a esa madre argentina que luchó contra todo un sistema legal para ayudar a su hija y hacerle menos pesados los años por venir.

Investigación análisis365

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